No aparecen por ningún lado los terribles piquetes amenazantes que, según la dirección de Cajastur, impedían el derecho al trabajo durante las jornadas de huelga.
En la mañana de hoy, se celebró el juicio contra Morala, al que la Policía acusaba de colocar una cadena en una de las puertas de la Oficina Principal de Cajastur en Oviedo, durante la primera de las jornada de huelga convocada por los sindicatos de la Caja con fecha 29/12/06.
La denuncia, presentada por el Jefe de los policías antidisturbios que vigilaban la concentración pacífica realizada por los trabajadores de Cajastur al mediodía de la fecha de autos (por utilizar la jerga policial), acusaba a Morala de impedir, mediante la colocación de una cadena en una de las puertas de la O.P. de Oviedo el acceso a los trabajadores que no secundaban la convocatoria de huelga. El mando policial denunciante, en curiosa y seguramente casual sintonía con los anónimos portavoces de la Dirección de Cajastur acusaba a Morala, del que “creía que estaba afiliado a la CSI, ya que habitualmente se persona en los lugares donde hay conflictos laborales(sic)”, de un delito contra el derecho de los trabajadores, por impedir, supuestamente, el derecho al trabajo de quienes no secundaban la convocatoria de huelga.
Si ya resulta chocante que un mando de los antidisturbios esté tan preocupado por los derechos de los trabajadores, a los que normalmente se dedican a aporrear, resulta aún más curioso la coordinación entre los deseos de la dirección de la Caja (implicar a la CSI en unos inexistentes actos de coacción para enturbiar el seguimiento pacífico de la convocatoria de huelga, a pesar de las coacciones del piquete empresarial) y la denuncia policial. Para nadie es un secreto que durante esas jornadas existía una permanente comunicación telefónica entre el despacho del Presidente de Cajastur, Manuel Menéndez y el Delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín.
El propio informe del Fiscal manifestaba la falta de criterio de la denuncia policial contra Morala, ya que: “En las presentes diligencias no consta que por el imputado se haya realizado actuación alguna contra el colectivo de trabajadores de la empresa en conflicto, cuya situación de huelga es reconocida en el atestado policial. Ni en el sentido de impedirles el acceso a su centro de trabajo ni en el sentido de obligarles a secundar el paro sindical convocado. Ninguno de estos trabajadores aparece en dicho atestado como afectado por la intervención del imputado y tampoco parece que se haya constreñido su voluntad por esa actuación”.
Por otro lado, la propia fiscal recordaba la naturaleza de derecho fundamental de la huelga al afirmar lo siguiente: “ La figura de coacciones a la huelga tipificada en el párrafo 3º del artículo 315 del Código Penal está dirigida a resolver el conflicto que se produce entre derechos de los trabajadores de una empresa que son el derecho a la huelga y el derecho a asistir al trabajo no secundando la convocatoria de huelga sindical, de ahí que ya el Tribunal Constitucional en sentencia 254/1988 de 21 de diciembre, advierta la interpretación restrictiva que ha de darse al precepto, de forma que sea interpretado con criterio restrictivo en el sentido más favorable a la esencia del derecho fundamental afectado, este criterio ha de considerarse todavía más en el ámbito del Derecho Penal en el que nos encontramos”.
Al concluir su informe, el Fiscal manifiesta que “No existe prueba que permita acreditar la existencia de delito en los hechos enjuiciados por lo que interesa el sobreseimiento en tal concepto”.
La dirección de la Caja no se personó en el proceso, ya que una vez conseguido su propósito de que se hablase en la prensa de piquetes violentos en la huelga de Cajastur, no tenía mucho interés en demostrar lo indemostrable.
Con estos antecedentes y tras la declaración de varios testigos que desmintieron rotundamente la versión policial, la sentencia fue clara y contundente: “Libre absolución del denunciado Juan Manuel Martínez Morala”.
Algo que seguramente no recogerá la prensa, pero que no cabe dejar de reseñar, es la presencia a las puertas de los Juzgados de lo Penal de Oviedo de un numeroso grupo de personas que acompañó a Morala, protestando contra la represión, pidiendo la dimisión de Menéndez y diciendo alto y claro que Otra Caja Ye Posible. Queda claro que quienes luchan no están solos, que la lucha contra la represión en Cajastur sigue adelante y que es necesario que Menéndez se vaya (12 años x ciento y pico quilos– capacidad de liderazgo + represión indiscriminada = ya está bien).
